Gobiernos y reformas lesivos
El salario mínimo y los contratos son dos conquistas sociales que han valido para proteger las relaciones laborales; no obstante, durante los últimos 20 años se han emprendido fuertes cruzadas en el país para hacer trizas dichas conquistas.
El Gobierno de Duque, con vientos de cola de Uribe, recogió iniciativas no aprobadas y promovió reformas para seguir debilitando las relaciones laborales. Incluyó en su Plan de Desarrollo el artículo 193, donde redefinía los pisos de protección social y lo reglamentó con el Decreto 1174 de 2020.
Tras demandas de las Centrales Sindicales, la Corte Constitucional tumbó el artículo 193 argumentando que su contenido debía tramitarse mediante procedimiento legislativo ordinario, es decir, debía ir al Congreso, quedando en evidencia que el Gobierno pretendió hacer reforma laboral y pensional a través de un artículo y un decreto.
Pocos saben que por esta vía miles de trabajadores quedaban sin derecho a pensionarse, al pago de incapacidades y sin licencias de maternidad o paternidad, especialmente los que ganan menos del mínimo, trabajan por prestación de servicios o por tiempo parcial. Sin duda fue un logro para los trabajadores a través defensa ejercida por las Centrales Sindicales y fue una condena para el Gobierno.
Otras reformas lesivas fueron impulsadas por la administración Uribe, donde se eliminaron recargos nocturnos modificando la jornada diurna, se profundizó la contratación por prestación de servicios y se intentó eliminar el salario mínimo. El aparato del Estado lo redujo a la fuerza y todo indica que lo hizo para crear nóminas paralelas a través de contratistas, dejando abierta la puerta al clientelismo y al constreñimiento electoral. No en vano ahora Duque revienta la Ley de Garantías, justo en víspera de elecciones y es sospechoso que el senador Duque se haya opuesto cuando Santos promovió la misma iniciativa, pero ahora la impulsa sin explicar su radical cambio de postura.
Las reformas lesivas han tenido el mismo disfraz: la flexibilización laboral reduce costos y crea empleo e inversión. Pero este argumento conduce a un error de ignorancia o mala fe, pues dicho resultado sólo es posible si el “mercado de trabajo” es perfecto, y resulta que no lo es -ignorancia-; y si conocían tal imperfección, actuaron de mala fe. Vino entonces la brutal flexibilización laboral, donde se prefirieron los contratos por prestación de servicios, erosionando la calidad del empleo y los ingresos laborales. Abundaron los contratistas y se abusó de la figura como lo acaba de decir el Consejo de Estado. Como si faltaran evidencias, el año pasado el ministro Carrasquilla sostuvo sin fundamento que el salario mínimo era de los más altos del mundo. Con esta ocurrencia se estaba reafirmando, pues en 2008, también siendo ministro de Hacienda dijo: “El salario mínimo en Colombia es un chiste, ridículamente alto, debe ser reducido”.
¡Urge gobierno con sentido social!
JORGE CORONEL LÓPEZ
Economista y profesor universitario
jcoronel2003@yahoo.es
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