La informalidad y las crisis
Colombia es un país informal, o formal a medias tirando un poquito a más, como se diría en términos positivos, lo mismos que nos han llevado a ocultar lo que ya hoy es evidente, incluso desde las cifras oficiales. Estamos en el tercer pico de la crisis del Covid-19 y nuestras autoridades, tanto nacionales como locales, ya no se atreven a cerrar, y el problema no son los sectores formales que incluso han hecho llamados para hacerlo, es que los mandatarios no controlan la informalidad, de hacerlo sería solo a la fuerza y aun así el hambre haría saltar la gente a la calle. No es una situación fácil, y hoy más que nunca las soluciones deben ser de país, con medidas contundentes de apoyo a las familias y a las empresas, como bien se hace ya en otras economías.
En efecto, el Dane publicó las cifras de informalidad, donde muestra que en el trimestre diciembre 2020 – febrero 2021 se llegó a una informalidad laboral del 49.2% en el total nacional (23 ciudades y áreas metropolitanas), una cifra similar a la de seis años atrás, es decir, mientras la preocupación ha sido como formalizar el trabajo, en los últimos dos años se perdieron los esfuerzos realizados.[1] Siempre golpeando en mayor medida a las mujeres y a los jóvenes. Cuando se mira por ciudades hay situaciones que son realmente angustiantes: tales son los casos de Cúcuta (72,5%), Sincelejo (67,3%) y Santa Marta (66,1%). Y aquellas que presentan los mejores resultados, la situación tampoco es para festejar: Tunja (40,3%), Manizales (40,5%) y Bogotá D.C. (42,7%). Barranquilla con 60%, Cali con 49.1% y Medellín con 42.9% muestran igualmente la compleja dinámica que la informalidad tiene sobre estas ciudades. Se podrían incluso establecer correlaciones entre picos de la pandemia e informidad.
Cuando se piensa la informalidad con otra metodología, es decir, a partir de quienes aportan a los regímenes de seguridad social, se tienen otras perspectivas. Tomando como referencia las 23 principales ciudades y áreas metropolitanas (diciembre 2020 – febrero 2021) y para la salud, el 64.6% de la población trabajadora pertenece al régimen contributivo, en el que se incluyen los regímenes especiales como las Fuerzas Armadas, Ecopetrol y Universidades Públicas; se debe aclarar que esta es población aportante (9.2% es beneficiaria). El 26.0% de las y los ocupados está en el régimen subsidiado. El Dane no presenta datos para completar el cubrimiento en salud, lo que arrojaría que un 9.4% está por fuera del sistema.
La situación en el régimen pensional es aun de mayor complejidad. Según el Dane, la población ocupada que aporta a pensiones es el 48.3%. De acuerdo con Colpensiones, a febrero de 2021, 6.801.450 personas se encontraban afiliados a la entidad (es decir al régimen de prima media), con la salvedad que solo estaban activos el 43% y el 81.6% aproximadamente cotizan sobre un salario mínimo mensual legal vigente. A enero de 2021 los fondos privados reportaron 17.143.988 de afiliados, pero solo el 39.7% activos. En total el 48.74% de la población ocupada se encontraba activa en pensiones (cifra similar a la del Dane), pero solo es el 19.6% del total de la población. Es decir, de cada cinco personas en Colombia, solo una es cotizante activo del sistema de pensiones, y podría aspirar a obtener una pensión, ese es el tamaño de nuestra pobreza presente y futura. La gente cotiza y no necesariamente lo hace de manera continua, por la volatilidad en el empleo o por que en la informalidad se dificulta cotizar. No tiene su pensión garantizada.
En este panorama laboral general, cuando se ahonda en la situación rural las cifras muestran un escenario de mayor frustración. Al cierre del año 2020, el 36.26% de las y los trabajadores rurales tenían algún tipo de contrato de trabajo, pero solo el 13.28% hizo aportes al sistema pensional
De otro lado, la informalidad se podría pensar desde las empresas, es decir no solo el trabajo humano está en la informalidad, también lo están las firmas que optan por esto como una forma de mantenerse en el mercado ya que, por costos, para evitar el pago de impuestos, por las propias exigencias de sus compradores, en fin, por diversos factores, les es mejor o una obligación, ser parte de la informalidad. De acuerdo con Fedesarrollo el 60% de las firmas en Colombia son informales. Es decir, en la cadena de valor y de consumo, la informalidad hace parte de nuestra sociedad, es completamente funcional a un modelo de desarrollo basado en la precariedad del trabajo y en los bajos costos como una condición de permanencia en el mercado, en una sociedad de bajos ingresos donde 5 de cada 10 trabajadores ganan menos un salario mínimo y sólo uno de esos 1 de esos 10 gana más de cuatro salarios mínimos. En la ruralidad, el 90% de los y las trabajadoras ganan hasta un salario mínimo y otro 8.5% entre 1 y dos salarios mínimos.
Así las cosas, la pandemia del Covid-19 es una aventura más en esto de intentar vivir para la mayor parte de colombianos y colombianas que enfrentan la informalidad; que terminan en el rebusque diario para poder conseguir lo necesario y sin capacidad de ahorro. Así que cualquier cierre, confinamiento, toque de queda o acordeón, como se le quiera llamar, no tendrá mayores efectos mientras la gente deba decidir si se queda y aguanta a ver que vendrá o va a la calle a buscar su diario sustento.
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[1] Es de aclarar que el Dane considera que una persona es ocupada informal cuando “durante el período de referencia se encontraban en una de las siguientes situaciones: 1. Los empleados particulares y los obreros que laboran en establecimientos, negocios o empresas que ocupen hasta cinco personas en todas sus agencias y sucursales, incluyendo al patrono y/o socio; 2. Los trabajadores familiares sin remuneración en empresas de cinco trabajadores o menos; 3. Los trabajadores sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares; 4. Los empleados domésticos en empresas de cinco trabajadores o menos; 5. Los jornaleros o peones en empresas de cinco trabajadores o menos; 6. Los trabajadores por cuenta propia que laboran en establecimientos hasta de cinco personas, excepto los independientes profesionales; 7. Los patrones o empleadores en empresas de cinco trabajadores o menos; 8. Se excluyen los obreros o empleados del gobierno.” (Boletín Técnico Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) Diciembre 2020 – febrero 2021)
Jaime Alberto Rendón Acevedo. Director Centro de Estudios e Investigaciones Rurales. Universidad de La Salle
Foto tomada de: https://www.semana.com/
